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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condena a la Consejería de Educación a indemnizar a una funcionaria por los daños sufridos a consecuencia de las inadecuadas condiciones de su lugar de trabajo: exposición a amianto y otros agentes tóxicos.

Posted by on May 31, 2016 in Casos Ganados | No Comments

Mediante sentencia de 16 de noviembre de 2015 (cuya firmeza ha sido declarada con fecha 4 de febrero de 2016), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Granada, estima en su totalidad la reclamación de Responsabilidad Patrimonial ejercitada por fgA en nombre de una funcionaria de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

La Sala considera acreditado que los daños y lesiones padecidas por la funcionaria recurrente – y que a la postre dieron lugar a su jubilación por incapacidad permanente- son consecuencia directa de las deficitarias condiciones en las que se encontraba el lugar de trabajo en el que aquella desarrollaba su labor profesional al servicio de la administración. Según afirma la sentencia, “está fuera de toda duda que fue la prolongada exposición a diversas sustancias químicas y tóxicas la que provocó las patologías que la actora presentaba”, como consta en los diferentes informes médico-periciales que fgA aportó a la causa.

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Especial mención efectúa la Sentencia a la presencia de amianto en el lugar de trabajo de la recurrente, recordando de forma expresa la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 9 de julio de 2008, en la que se hace constar que “en España, el amianto o asbesto se utilizó a partir de los años cuarenta del siglo pasado, especialmente en la década de los setenta, si bien desde el 2002 está prohibido. Sin embargo, en 1974 se incluyó la asbestosis en el cuadro de enfermedades profesionales y en reglamentos sucesivos se fue restringiendo la concentración máxima de amianto en los lugares de trabajo. En este sentido cabe recordar también que las consecuencias lesivas de asbesto eran conocidas desde hacía tiempo como lo revela la inclusión de la asbestosis entre las enfermedades profesionales y que, en el año 1974, la Organización Internacional del Trabajo adoptara la recomendación sobre el cáncer profesional, referido, en lo que aquí interesa, a la exposición a la inhalación de asbesto, lo que da buena prueba de la peligrosidad de dicho elemento químico para la salud de las personas”.

En consecuencia, estima la Sala la pretensión resarcitoria de la recurrente, otorgándole una indemnización de más de cien mil euros, de conformidad con lo interesado en demanda por fgA, al considerar que concurre prueba plena de la relación de causalidad entre las deficiencias que presentaba el lugar en el que la actora desarrolló su actividad durante más de 20 años y las patologías que ésta sufría (daño que aquella no tenía el deber jurídico de soportar), no constando que la conducta de la recurrente interfiriera en la cadena causal ni otras concausas.

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